Guest
Un gobierno no puede fijar el precio de las tarifas, decidir sobre privatización de empresas, sobre la deuda externa, cambiar el sistema educativo, sanitario o eliminar libertades democráticas como el derecho a la protesta sin siquiera discutirlo con el Congreso. Más allá que se sirva de una herramienta utilizada por otros gobiernos, el uso que pretende darle puede ser un peligro real para la democracia de nuestro país. Imaginense si ya quisieron una transformación total del país en un mes con el Congreso y la división de poderes funcionando plenamente, ¿cómo podría resultar si Milei tuviese libertad para decidir, así sea sobre el área económica únicamente, por seis meses?
