En Perú, el Gobierno rechaza las críticas y justifica el endurecimiento de las penas por delitos cometidos bajo el estado de emergencia. Para la presidenta interina Dina Boluarte esta es la forma de evitar que la protesta pacífica termine violentamente. Sin embargo, son muchos los que califican este movimiento de autoritario en medio de reclamos continuos para el cese de la violencia. Varias organizaciones internacionales exhortaron a abandonar esa reforma penal y sentarse a dialogar.
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