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Todos los sábados, a las 22:30 horas, lanza Xavier Horcajo su siempre brillante 'Más se perdió en Cuba', y el pasado 25 de noviembre de 2023, como no podía ser de otra manera, puso sobre el tapete el pringoso asunto del 'lawfare' apañado entre Sánchez y su podrido PSOE con los golpistas catalanes, para domesticar a los jueces españoles. El director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, explica lo que significa, literalmente, el término jurídico anglosajón que más se está repitiendo en torno a las negociaciones del PSOE con el separatismo. Alfonso Rojo lo tiene claro: la cosa pinta fatal, pero hay signos que permiten albergar cierta esperanza de que esta España nuestra no acabe convertida en una versión europea, obesa y con Seguridad Social de la Venezuela de Maduro. Para disgusto del socialista Sánchez, Bolaños y los enchufados del PSOE, el juez García Castellón ha elevado al Tribunal Supremo la implicación de Puigdemont y Marta Rovira en el ‘Caso Tsunami’ y pide que se les impute por indicios serios de terrorismo. La Sala Tercera del Supremo ha pegado un revolcón el fiscal general del Estado, el sanchista García Ortiz, y anula el ascenso a la máxima categoría de Dolores Delgado, la novia del ex juez Garzón que ejerció de ministra de Justicia de Sánchez. Los magistrados del Contencioso Administrativo entienden que promocionar a dedo a la autora del ‘Marlaska es maricón’, es una ‘desviación de poder’. Dieciocho fiscales del Supremo acusan por escrito a su jefe de no protegerlos frente al lawfare, pactado por el PSOE con los golpistas catalanes, porque en la práctica -como saben y aprovechan a la perfección chavistas, peronistas, sandinistas y otros facinerosos parecidos- supone dar a los delincuentes vara alta para apalear a los jueces.
