Esta semana, la Fiscalía de Bolivia acusó formalmente de genocidio a la autoproclamada expresidenta Jeanine Áñez, para la que pidió una pena máxima de 30 años de prisión. Áñez está imputada por su rol en la represión de las manifestaciones en Sacaba y Senkata que tuvieron lugar durante la crisis política de 2019 y que provocó numerosas muertes.
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