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Los defensores de derechos humanos que denunciaron las ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de la “seguridad democrática” fueron víctimas de una campaña de desprestigio para vincularlos con las FARC y de una cacería criminal de la policía secreta de la Presidencia que los interceptó y persiguió sin orden judicial porque Uribe los declaraba como “enemigos“ en sus discursos ante las tropas militares.
