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Los escraches de feministas que en las redes acusan a varones de delitos sexuales, sin que medie sentencia judicial alguna y en muchos casos sin que exista siquiera una denuncia judicial, atentan contra garantías constitucionales que fueron conquistadas con enorme esfuerzo a lo largo de los siglos: principio de inocencia (todos son inocentes hasta que una sentencia judicial indique lo contrario, presente en el art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU), principio de legalidad, debido proceso, imparcialidad, temporalidad, etc. Tras la denuncia en las redes, algunos varones que ya eran particularmente vulnerables se han quitado la vida. En un caso, el de Agustín Muñoz, la propia denunciante confesó que era una broma. En otro caso, el acusado fue librado judicialmente de responsabilidad, pero se divulgó más la acusación que la última resolución. Un fallo sin precedentes en Argentina condenó a una multa a una estudiante de abogací
