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El registro de usuarios de telefonía móvil no solo viola la Constitución, sino que aumenta el poder de control social del gobierno federal, señaló el licenciado en derecho Roberto Tapia Castillo. El también profesor de las facultades de Derecho y Contaduría de la UNAM recordó que el Estado cuenta con diversas bases de datos en las que están almacenadas las huellas dactilares de las personas, las huellas del iris, las huellas de voz y las formas de sus caras. Ahora -alertó- con reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (aprobada el pasado mes de abril) se obliga a los usuarios de la telefonía móvil a entregar sus datos biométricos a las compañías telefónicas, aunque, de manera paradójica, no precisa cuál. Esto viola lo estipulado por la Constitución mexicana en los artículos 6o. y 16o. Tapia Castillo explicó que la masiva, pero también detallada concentración de datos de las personas, es utilizada por los gobiernos para controlarlas mediante el llamado “crédito social”: “En Ch
