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La justicia peruana dictó esta semana 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo por, supuestamente, liderar una organización criminal. En una audiencia telemática, el exmandatario declaró que no reconoce los crímenes que le imputan, y acusó al Congreso y a los medios de llevar a cabo una campaña política en su contra. Por otro lado, la presidenta interina, Dina Boluarte, prestó este martes declaración ante la Fiscalía por acusaciones de genocidio por los muertos en las protestas.
