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La inhabilidad de España para proteger los derechos en medio del aumento de la pobreza provocada por la pandemia. La inseguridad alimentaria y la pobreza, ambos problemas persistentes en España, se agudizaron por la pandemia de Covid-19 y su impacto económico. El gobierno español amplió los programas de apoyo al desempleo existentes e introdujo un programa pionero de asistencia social al principio de la pandemia. Sin embargo, los problemas de implementación y las debilidades y defectos existentes en el sistema de seguridad social hicieron que la respuesta estatal se quedara corta, dando como resultado que los derechos de las personas a la alimentación, a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado no fueron satisfechos ni protegidos. Las “colas del hambre” en las iglesias, las asociaciones de vecinos y los centros comunitarios se convirtieron en una realidad habitual durante los dos primeros años de la pandemia. Las personas que trabajan en el sector de la hostelería y en la economía informal, las personas mayores que reciben pensiones, las familias con niños que viven con bajos ingresos y las personas con una situación de inmigración precaria o irregular se han visto especialmente afectadas. El informe “No podemos vivir así” se basa en entrevistas a personas en colas del hambre en Madrid y Barcelona, junto con entrevistas a proveedores de ayuda alimentaria y datos oficiales y de ONG, para documentar cómo las personas luchan por satisfacer sus necesidades básicas, como la comida, sin ayuda no gubernamental, y cómo las autoridades no han cumplido con su deber de proteger sus derechos.
