Suscríbete y ayuda a difundir la verdadera política! En Europa hay más de un camino para frenar la aplicación de una futura ley de amnistía. Por una parte está el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y por otra, la apertura de un recurso de incumplimiento en base al Reglamento de condicionalidad, que pueden presentar tanto la Comisión Europea como un Estado miembro. Esta segunda vía se basa en un principio básico: que España, al igual que todos los Estados miembros, recoge en su Constitución que constituye un Estado de derecho. Hasta hace dos años, no existía un mecanismo que se pudiera activar en caso de incumplimiento, pero esto cambió con la entrada en vigor en 2021 del Reglamento de condicionalidad. De hecho, ya hay varios eurodiputados que han denunciado en el Europarlamento que esta amnistía supone la ruptura del Estado de derecho. As
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