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El precio para que España pudiera entrar en la Unión Europea fue desmantelar la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la industria. Ya entrados en el siglo XXI, lejos de mejorar la situación, los agricultores y los ganaderos españoles tienen que ver cómo a diario sus productos compiten en desigualdad de condiciones con los de países subdesarrollados y en vías de desarrollo, puesto que en esas naciones la mano de obra es infinitamente más barata y los controles fitosanitarios mucho más laxos, lo que permite vender esos bienes a precios bajísimos, lo que supone la ruina para el campo español. Los grandes beneficiarios de esta situación son las empresas multinacionales del norte y centro de Europa, fundamentalmente alemanas. La puntilla es la ley de Protección Animal que prepara el ministro de Ione Belarra, y ello ha motivado que el pasado 23 de enero el mundo rural convocara una manifestación en Madrid que fue la avanzadilla de la del 20 de marzo, en la que los agricultores, ganadores y cazadores reclaman más atención por parte de los poderes públicos. Con otra mirada, el programa de Fernando Paz en 7NN, abordó este tema con Álex Lachhein.
